En el cambiante panorama legal español, dos leyes han surgido como catalizadores cruciales en el ámbito de la facturación electrónica: la Ley Antifraude y la Ley Crea y Crece. Ambas normativas tienen el objetivo de transformar y mejorar las prácticas empresariales y fiscales en España con la facturación electrónica como centro, aunque sus enfoques y repercusiones difieren significativamente. En este post te explicamos las diferencias entre ambas.

Ley Antifraude: combatiendo el fraude fiscal

La Ley 11/2021, conocida como Ley Antifraude, tiene como misión primordial combatir las prácticas de evasión fiscal y fortalecer la integridad del sistema tributario.

Sus principales características son:

  • Prohibición de los software de doble uso: La normativa persigue la utilización de software que permitan la manipulación de la contabilidad, imponiendo multas de hasta 50.000 € a las empresas que lo utilicen y 150.000€ a las que lo comercialicen.
  • Garantías de integridad en la facturación: Establece que todas las transacciones comerciales deberán generar una factura y su correspondiente anotación en el sistema informático. Este tendrá la obligación de guardar el registro de facturas, preservando los datos e impidiendo su alteración, para que puedan ser remitidas a la AEAT a través del sistema de emisión de facturas verificables, también conocido como sistema Verifactu o VERI*FACTU.
  • Digitalización y simplificación: La ley impulsa la digitalización de las empresas y busca simplificar los procesos de presentación de datos a Hacienda, mediante el envío automático de la facturación emitida a la Agencia Tributaria.

Ley Crea y Crece: impulso al emprendimiento

Por otro lado, la Ley 18/2022, conocida como Ley Crea y Crece, se centra en incorporar novedades respecto a la creación de nuevas empresas, pero también tiene un gran impacto en la facturación electrónica, ya que apunta a su obligatoriedad para empresarios y profesionales en sus relaciones comerciales, siguiendo una serie de requisitos.

Diferencias clave

Si bien ambas leyes están relacionadas con la facturación electrónica, presentan varias diferencias significativas:

1. Impulso y organismo responsable:

La Ley Crea y Crece es impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, mientras que la Ley Antifraude es promovida por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

2. Objetivos diferenciados:

La Ley Crea y Crece tiene como objetivo reducir la morosidad en las transacciones comerciales, mientras que la Ley Antifraude se centra en la reducción del fraude fiscal y el fortalecimiento de la integridad del sistema tributario.

3. Alcance y objeto de aplicación:

La Ley Crea y Crece se enfoca en el intercambio de facturas electrónicas entre empresas y autónomos (B2B), mientras que la Ley Antifraude se centra en el registro electrónico de datos de factura enviado a la AEAT (B2B y B2C).

4. Trazabilidad y control:

Mientras que la trazabilidad en la Ley Crea y Crece se limita al ámbito cliente-proveedor, en la Ley Antifraude la trazabilidad recae en la AEAT, ampliando así el alcance del control fiscal.

5. Aplicación y plazos:

La Ley Crea y Crece se implementará de manera gradual, aplicándose primero a empresas con una facturación superior a 8 millones de euros y un año después a empresas con una facturación menor.

En contraste, la Ley Antifraude se aplicará de manera uniforme para todas las empresas a partir del 1 de julio de 2025. Solo quedarán exceptuadas las que ya estén sometidas al Suministro Inmediato de Información (SII) o TicketBAI o Batuz.

6. Sanciones y consecuencias:

  • Según la Ley Antifraude, las empresas que fabriquen, produzcan y comercialicen un software de doble uso para manipular la contabilidad pueden enfrentar multas de hasta 150.000€ por cada año de ventas, mientras que los usuarios de dicho software pueden ser sancionados con multas de hasta 50.000€ por cada año de uso.
  • Por otro lado, la Ley Crea y Crece establece sanciones de hasta 10.000€ en caso de incumplimiento de la normativa.

Comprender estas diferencias es esencial para las empresas que operan en España, ya que les permitirá adaptarse adecuadamente a los requisitos legales y fiscales.

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